El fútbol femenino sudamericano suma un hito jurídico fundamental en la defensa y el reconocimiento de sus derechos laborales. Gracias a la intervención directa de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), la jugadora Keyly Lizbeth Peralta Gonzales logró recuperar la totalidad de los salarios que le adeudaba el Club Defensores del Ilucán, institución originaria de Cutervo (Cajamarca) y participante de la Liga Femenina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Este fallo no solo representa una victoria individual, sino que expone y desarticula una problemática recurrente en la disciplina a nivel continental: la precarización a través de figuras contractuales simuladas.
El principio de primacía de la realidad y el incumplimiento
La relación laboral se formalizó antes del inicio de la competencia, cuando la futbolista suscribió un documento que la institución denominó "Acuerdo Deportivo" para la temporada, estableciendo una remuneración mensual por sus servicios.
A pesar de las obligaciones asumidas, el club incumplió con el pago de las remuneraciones correspondientes a varios meses consecutivos, acumulando una deuda salarial considerable. Buscando una salida, ambas partes firmaron tiempo después un Acuerdo de Pago en el que la institución reconocía la deuda y se comprometía a cancelar en cuotas mensuales. Sin embargo, el club volvió a incumplir su palabra, abonando únicamente una fracción mínima y dejando un saldo pendiente casi total.
La vía ejecutiva y la resolución del tribunal
Ante este escenario de evasión reiterada, SAFAP asumió la representación de la jugadora y presentó una demanda de incumplimiento de pago ante la Sala "A" de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD) de la FPF.
La estrategia legal elegida por el sindicato fue clave: al existir un Acuerdo de Pago previo firmado por el club, este documento se constituyó como un título ejecutivo según los reglamentos vigentes. Esto permitió tramitar el reclamo mediante una vía rápida y célere, evitando que la jugadora tuviera que enfrentar un proceso contencioso largo y desgastante.
La resolución fue categórica. La CCRD admitió la demanda y ordenó al Club Defensores del Ilucán pagar el saldo adeudado, sumando además los intereses legales, la tasa administrativa y las costas del proceso. El tribunal otorgó un plazo perentorio de muy pocos días hábiles para cancelar el monto total, bajo el apercibimiento explícito de aplicar severas sanciones deportivas al club en caso de un nuevo incumplimiento.
Un éxito total y un mensaje para el continente
Frente a la inminencia de las sanciones, y dentro del breve plazo otorgado, el club cumplió con la totalidad de sus obligaciones depositando el dinero exigido mediante transferencias bancarias. Una vez verificado el pago del capital, los intereses y las costas, el tribunal declaró concluido el proceso y archivó el expediente.
El caso de Keyly Peralta deja un mensaje inequívoco para todo el fútbol femenino regional: los derechos laborales de las futbolistas son plenamente exigibles. Con el respaldo de instituciones como SAFAP, los compromisos deben respetarse como contratos reales, consolidando la única vía posible hacia una profesionalización justa y definitiva.